ÉRASE UNA VEZ…..

Y COMO EN UN CUENTO FELIZ EN UN PAÍS MARAVILLOSO LLAMADO ESPAÑA, HUBO UN GOBIERNO QUE -ENTRE OTRAS NO MENOS FABULOSAS MEDIDAS- SE DIO EN PREMIAR A EVASORES FISCALES Y A LADRONES PÚBLICOS CON EL MISMO CORAJE QUE PERSEGUÍA A EMPLEADOS, FUNCIONARIOS Y JUBILADOS A LA VOZ DE “HACIENDA SOMOS TODOS”.

ASÍ PREMIÓ A 31.000 EVASORES FISCALES CON SUCULENTOS DESCUENTOS POR SACAR A LA LUZ Y DECLARAR MILLONES Y MILLONES DE DUDOSA PROCEDENCIA, AL MENOS EN LO QUE HASTA AHORA SE CONOCE.

Y ese Gobierno maravilloso, ejemplo de honradez, decretó una amnistía fiscal hecha adrede para que amigos, conocidos y gentes de nivel que tenían unos dineros escondidos pudieran quedar del 10 con el Fisco y les resultara bien de precio.

Salió a la palestra un tal Montoro, Ministro de la cosa, y cual Mortadelo animado desafió a propios y extraños vendiendo la medida como si fuera la Pócima de Fiearabrás… Solo pensando en el bien público.

Gentes de variado pelaje que hoy habitan agradables aposentos de Soto del Real, y otros que están preparando las maletas a tal destino, se apresuraron a sacar la pasta que habían trincado de sus madrigueras…

Aquel dinero sucio sucísimo se convirtió por obra y gracia de un Gobierno amable, pinoccio y cómplice en relucientes y legales euros de postín. Podéis reíros de las mejores marcas de lavavajillas.

El personal se quedó boquiabierto, pero como en este País no protesta ni Dios, que bien lo saben estos fariseos gobernantes, se fue olvidando poco a poco hasta diluirse en ese Agujero Negro del olvido al que nos sometemos los españoles con gusto.

Y cuando ya nadie se acordaba, salió a la prensa una noticia que sorprendió: El Tribunal Constitucional había declarado “anticonstitucional” aquel decreto-ley. Y es que hubo unos cuantos aguerridos ciudadanos -de justicia es decir que socialistas- que metieron a tiempo un recurso contra aquel inicuo e injusto Decreto.

Los motivos que aducía el alto Tribunal para tal Sentencia hubieran de haber causado vergüenza y sonrojo a tal ilustre panda de filibusteros que nos gobiernan.

La Sentencia hubiera de haber obligado a ser copiada cien veces por los Ministros que aprobaron la medida, y de castigo diez mañanas de rodillas frente a las paredes de Moncloa con una calabaza en cada mano.

Solo unos cuantos artículos de prensa haciéndose eco de la Sentencia, pero la gente en la playa intentando olvidar lo del día anterior.

Así nos va.

Lo más increíble no para ahí. La sentencia decía que, a pesar de que declaraba a todas luces ilegal el decreto del Gobierno, quedaban protegidas y firmes las declaraciones hechas al amparo del mismo.

O sea, que se acababa de consumar uno de los mayores fraudes hechos al Fisco (los dineros públicos) con la complicidad de quienes hubieron de haber velado por la Hacienda, esa que dicen que es de todos.

Por “seguridad jurídica”, dice el Tribunal Constitucional.

Y todo esto llega a tal grado de cinismo que se impone una reflexión. Una no, varias:

Primero: Aquellos a los que la Agencia Tributaria persigue con saña por cuatro maravedís y se les niega el pago aplazado y se les impone multas y sanciones e intereses de mora por doquier, ¿no merecen seguridad jurídica?

Segundo: Los Ministros componentes de ese Consejo de lo mismo que aprobaron la medida por la “puerta de atrás” hurtando al Congreso sus competencias, ¿no sabían de sobra que era ilegal? ¿Son tan torpes? ¿Para qué tantos abogados del Estado y para qué tantos asesores ?

Tercero:  Aquí solo cabe dos supuestos: O sabían que tal artimaña legal era inconstitucional, o no lo sabían.

Cuarto: En ambos supuestos el mal al erario público está hecho, y muchos miles de millones hurtados al bien común, en un fraude a todas luces planificado.

Quinto: Si los Ministros firmantes de ese Decreto defraudador sabían que el mismo era injusto, contrario a la igualdad y favorecedor de criterios ajenos a los más elementales principios de la equitativa contribución fiscal, deben ser declarados cómplices y ser juzgados como reos de un delito contra la Hacienda Pública.

Sexto: Si no lo sabían, cosa harto extraña con lo listos y preparados que son, cometieron una tremenda irresponsabilidad con un daño y unos perjuicios al bolsillo de todos los españoles por la misma cuantía que esos 31.000 declarantes defraudadores se ahorraron.

        Y ahora preguntamos: ¿Cómo y por qué los gobernantes han de ser eximidos de responsabilidad frente a actos de gobierno claramente contrarios a la Ley cuando éstos han producido tales enormes perjuicios para los gobernados?

Séptimo: La última reflexión es, si cabe, más amarga. ¿Cómo es que nadie ha planteado esto? ¿Cómo es que todos los que debieran hablar callan? ¿Cómo es que hay tanto borrego en este amado País nuestro?

Así las cosas… seguid votando, y balando.

Francisco Albert

14 de junio de 2017